Apuntes y visiones sobre el conflicto INCAA

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Consideraciones Iniciales

Las palabras son muchas, el asunto tiene sus particularidades. Intentaré inicialmente objetivar –en el mayor grado posible, claro- el conflicto y los hechos que se fueron sucediendo, para luego sí dar una posición personal y también editorial de la R24C. Como hemos sostenido siempre, esta revista –y ahora sitio web- pretende tener llegada no sólo a aquellos que integran la comunidad audiovisual, sino también a todos los que disfrutan del cine y quieren discutir sobre él. Es por esto último que entendemos que nuestro lector no necesariamente está inmerso en esta discusión y que resulta necesario aclarar el panorama previo a dar nuestra postura sobre la situación. Postura que por supuesto nadie nos pidió, pero entendemos que es necesario darla.

Sin perjuicio de todo lo dicho, y únicamente a fines aclaratorios, previo a continuar con el artículo es necesario explicar desde donde hablamos.

Hablamos desde una revista que nace en Avellaneda, en el conurbano bonaerense, integrada por cineastas y estudiantes de cine del IDAC. Institución que históricamente ha sido ninguneada por la industria cinematográfica, por el INCAA e, incluso, por su propia comunidad educativa.

Hablamos con nuestras ganas de hacer películas, de creer en un cine múltiple y variado, que le abra las puertas a cualquier persona que con una cámara quiera narrar audiovisualmente. Sin importar el género, la estética o el discurso. Porque para discutir una película, aunque sea a los golpes, primero es necesario filmarla.

Hablamos entonces desde la creencia en un Estado Nacional activo en las políticas de la formación educativa, producción, exhibición y distribución de la cinematografía nacional.

En definitiva, hablamos en defensa del fondo de fomento del INCAA. Sin perjuicio de todas nuestras diferencias institucionales sobre las políticas excluyentes del Instituto, que luego mencionaré.

Ahora sí, vayamos a los hechos.

Hechos.

Martes, medianoche. Un programa, “Animales Sueltos”, papeles, algunas imágenes y un periodista hablando con relación a lo que aquellos papeles decían. El periodista, si es que el mote le cabe, es Eduardo Feinnmann y el informe se autodenomina  “Corrupción en el INCAA”.

Estos ingredientes así casi sin más fueron los necesarios para poner a la comunidad audiovisual en alerta, para generar un agrupamiento histórico en un puñado de personas que mantienen diferencias éticas e ideológicas profundas y casi insoslayables.

El informe que han visto, presentaba una serie de imprecisiones abrumadoras. Desde los errores en las personas que eran nombradas, hasta el desconocimiento de cómo funciona o se financia la industria audiovisual.

Las personas sindicadas principalmente allí eran Alejandro Cacetta (ex-patagonik que llegó al INCAA de la mano de Campanella y los sectores más concentrados de la industria audiovisual) y Pablo Rovito (rector del Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica –ENERC-, elegido por concurso público y el consenso de la comunidad educativa en agosto 2011).

Los hechos imputados eran varios. En el caso de Cacetta se le endilgaba haber sostenido una estructura “poco transparente” proveniente de la gestión anterior de Lucrecia Cardoso, y no haber tenido la celeridad para cortar con ciertos manejos políticos al interior del instituto. En el caso de Rovito se lo acusaba por haber recibido dinero para el financiamiento de obras del ENERC por ocho millones de dólares sin haber construido un solo metro cuadrado.

Las consecuencias también fueron varias. Rápidamente Pablo Avelluto, Ministro de Cultura de la Nación, desplazó a Cacetta, a través de una renuncia forzada, dejando en su lugar a Ralph Haiek, vicepresidente de la gestión actual, quien estaría dispuesto a realizar la depuración y transformación exigida por el Estado. La situación de Pablo Rovito es un poco más confusa, con una renuncia –también forzada desde el Ministerio- que se presentaría en el día de hoy.

Por otro lado desde el Estado, en diversas oportunidades, dieron a entender que este era sólo el puntapié con el que el Ejecutivo Nacional entraría de lleno a reformar la estructura organizacional del INCAA, con la articulación de la Oficina Anticorrupción como cuadro técnico del Estado encargado de planificar un esquema de transparencia institucional. Por supuesto -aquí una opinión personal y pequeño desliz en el planteo de los hechos- “acelerar las transformaciones y procesos administrativos” no puede leerse de otro modo: Despidos y recortes. Sin ir más lejos, esta ola de ajuste fue alentada durante el último fin de semana con twitts de Feinmann adelantando quienes serían los próximos despedidos (con el mismo grado de imprecisiones que su informe inicial), y hasta mensajes oficiales del propio Ministro de Cultura de la Nación explicando que en el día de hoy se producirían más cesantías en el organismo.

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Esta situación puso en estado de alerta y emergencia a toda la comunidad educativa y audiovisual. Desde la ENERC el respaldo a la gestión de Rovito es prácticamente unánime, sobre todo en materia de infraestructura, donde se renovó completamente la sede centro de la escuela y se federalizó el proyecto educativo con la apertura de las sedes NOA, NEA, Cuyo y Patagonia Centro. Con relación a Cacetta la situación es dispar, si bien existe cierto conceso con relación a que no se descuartizó la planta laboral del organismo y que sólo se habrían llevado a cabo reacomodaciones específicas, el reciente establecimiento del nuevo plan de fomento para la industria cinematográfica ha presentado mucha resistencia, ya que desde muchos sectores –entre los cuales me incluyo- se lo ve como una redistribución del dinero del INCAA hacia pocas manos concentradas, imposibilitando así aún más la entrada al circuito productivo de los cineastas autogestionados, nóveles y documentalistas.

Desde el Ministerio de Cultura la versión oficial explica que se recibió una denuncia ante la Jefatura de Gabinete de Ministros en la que se hacía mención a las irregularidades que ocurrirían al interior de la gestión de Cacetta. Con esta presentación Avelluto habría tenido una reunión con el ex-patagonik en la que las explicaciones brindadas sobre las acusaciones no fueron satisfactorias para el Ministro, por lo que le exigió la renuncia y posteriormente giró lo actuado a la Oficina Anticorrupción para iniciar una investigación en dicho organismo.

Hasta el momento, más allá de las acusaciones e imputaciones formales tanto hacia Cacetta como a Rovito, no se habría formalizado denuncia penal alguna con relación a una posible defraudación o asignación irregular de fondos.

Este estado de alerta por supuesto no se corresponde sólo con estos desplazamientos al interior del INCAA o ENERC, sino que va de suyo a las consecuencias que el Gobierno Nacional podría generar al interior del financiamiento del Cine Nacional si avanza sobre el uso de los fondos del INCAA.

Todos estos hechos desembocaron, luego de un encuentro interno de la ENERC, en una asamblea abierta a toda la comunidad audiovisual con el fin de defender la autarquía del INCAA, el fondo de fomento y la ENERC. El evento se llevó a cabo el día Jueves a las 15 Hs. en la Sala I del Gaumont, nucleando a más de 1000 personas y en el que se redactó un documento donde se resumieron una serie de puntos sobre los cuales enarbolar las consignas de reclamo y los próximos pasos a seguir.

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¿Qué es lo que está de fondo en el conflicto?

Más allá de las cuestiones y conflictos concretos en torno a las figuras de Cacetta y Rovito, existe un temor muy fuerte al interior de la comunidad audiovisual nacional que se vincula al Fondo de Fomento del INCAA.

En este sentido el resquemor más importante radica en que el Estado Nacional avance sobre el control de dichos fondos reduciéndolos o quitándole su administración autárquica al Instituto. A su vez, otra de las preocupaciones encuentra lugar en el atraso de todos los trámites administrativos que ya estaban presentados en el INCAA y que, con el cambio de cabeza en el organismo, se paralizarían por tiempo indeterminado hasta que el nuevo presidente comience a firmar las resoluciones internas. Situación similar se denunció en 2016 cuando Cacetta asumió en lugar de Lucrecia Cardoso.

El Fondo de Fomento del INCAA es el dinero que administra el organismo y la razón de su sustento. Todos los años el congreso nacional aprueba una ley de presupuesto nacional, esa ley establece como se distribuirá el dinero recaudado por el Estado Nacional al interior de la administración. Esto incluye desde cuestiones de planeamiento nacional (obra pública, vialidad nacional, etc.) hasta el pago de las cuestiones administrativas como son los servicios y los salarios de los empleados estatales.

El dinero del INCAA NO proviene de allí, es decir que no se gestiona con recursos generales del Estado que anualmente se designan con el fin de promover a la industria audiovisual.

El dinero que administra el Instituto proviene entonces de un propio sistema de recaudación a través del cual el propio consumo de la industria cultural se retroalimenta a sí misma. Esta recaudación se asienta en dos mecanismos establecidos por el Art. 24° la ley 24.377 (ley de cine) y Art. 97° de la ley 26.522 (ley de servicios de comunicación audiovisual, conocida como “ley de medios”).

Dichos artículos establecen lo siguiente:

ARTICULO 24. – El Fondo de Fomento Cinematográfico, cuya administración estará a cargo del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, se integrará:
a) Con un impuesto equivalente al diez por ciento (10 %) aplicable sobre el precio básico de toda localidad o boleto entregado gratuita u onerosamente para presenciar espectáculos cinematográficos en todo el país, cualquiera sea el ámbito donde se realicen.
El impuesto recae sobre los espectadores, y los empresarios o entidades exhibidoras adicionarán este impuesto al precio básico de cada localidad;
b) Con un impuesto equivalente al diez por ciento (10 %) aplicable sobre el precio de venta o locación de todo tipo de videograma grabado, destinado a su exhibición pública o privada, cualquiera fuere su género.
El impuesto recae sobre los adquirentes o locatarios. Los vendedores y locadores a que se refiere el párrafo anterior son responsables del impuesto en calidad de agentes de percepción.
Si el vendedor o locador fuera un responsable inscrito en el impuesto al valor agregado el importe de este último se excluirá de la base de cálculo del gravamen.
Están excluidas del sistema de percepciones las operaciones que se realicen entre personas físicas o jurídicas inscritas como editores y/o distribuidores de videogramas grabados y/o como titulares de videoclubes en los registros a que se refiere el artículo 61;
c) Con el veinticinco por ciento (25 %) del total de las sumas efectivamente percibidas por el Comité Federal de Radiodifusión en concepto de gravamen creado por el artículo 75 incisos a) y d) de la ley 22.285.
Estos fondos deberán ser transferidos automáticamente y en forma diaria al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. La reglamentación fijará la forma de la transferencia de los fondos de un organismo a otro.
El porcentaje a aplicar sobre la totalidad de las sumas que deba transferir el COMFER podrá ser variado por el Poder Ejecutivo nacional, únicamente en el supuesto de modificarse los gravámenes previstos en la ley 22.285. En tal caso la variación del porcentual deberá ser tal que el valor absoluto de las sumas a transferir sea igual al existente al momento de la modificación;
d) Con el importe de los intereses, recargos, multas y toda otra sanción pecuniaria que se aplique en virtud de las disposiciones de la presente ley o de la ley 11.683, texto ordenado en 1978 y sus modificaciones;
e) Con los legados y donaciones que reciba;
f) Con los intereses y rentas de los fondos de que sea titular;
g) Con los recursos provenientes del reembolso de créditos otorgados por aplicación de la presente ley;
h) Con los recursos no utilizados del Fondo de Fomento Cinematográfico provenientes de ejercicios anteriores;
i) Con todo otro ingreso no previsto en los incisos anteriores, proveniente de la gestión del organismo;
j) Con los fondos provenientes de servicios prestados a terceros y de las concesiones que se otorguen en oportunidad de la realización de eventos vinculados al quehacer cinematográfico.
ARTICULO 97. — Destino de los fondos recaudados. La Administración Federal de Ingresos Públicos destinará los fondos recaudados de la siguiente forma:
a) El veinticinco por ciento (25%) del total recaudado será asignado al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Este monto no podrá ser inferior al cuarenta por ciento (40%) del total recaudado en virtud de los incisos a), d) y e) del apartado II del artículo 96. No puede ser asignado al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, un monto menor al recibido en virtud del decreto 2278/2002 a la fecha de promulgación de la presente ley.

Brevemente, el INCAA obtiene entonces su dinero de dos lugares. Primero de un porcentaje de las entradas de cine que se venden en el país; segundo con otro porcentaje de lo que el Estado Nacional recauda de los gravámenes que se cobran a aquellos que explotan el espectro radioeléctrico (operadoras de cable y televisión satelital, por ejemplo).

Comprender esto es muy importante ya que mediáticamente se ha instalado -principalmente desde el diario La Nación y los informes que realiza anualmente- la idea de que el Cine Nacional se subsidia con fondos que el Estado podría utilizar y aplicar a otras áreas (educación, obra pública, salud, Etc.), cuando en realidad se trata de fondos que genera y retroalimenta la propia industria cultural.

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Por otro lado, la ley de cine sancionada en 1994 dotó de autarquía al INCAA. Esto quiere decir que es el propio instituto quien define, a través de su titular y diferentes organismos internos, como se distribuye el dinero que recibe el organismo.

Aquí es donde aparece otro eje de la discusión, el Plan de Fomento. Es entonces este instrumento el que determina la política con la que el INCAA establecerá su distribución de ingresos y recursos. En este punto es donde constantemente los sectores más relegados de la industria audiovisual han dado batalla para lograr democratizar las vías de acceso al sistema de créditos y una mayor cantidad –y calidad- de oportunidades para los cineastas autogestionados, nóveles y documentalistas.

Se entiende entonces que el Estado podría avanzar sobre el Fondo de Fomento del Instituto de dos formas: en primer lugar desde una intervención formal del organismo que limitaría su autarquía; luego, en segundo lugar, desde la sanción de la ley de convergencia digital que impulsa el ENACOM -ex AFSCA- que reemplazaría a la actual ley de servicios de comunicación audiovisual y que pondría en riesgo el destino de los fondos asignados al INCAA por el Art. 97 previamente citado.

Nuestra posición

Una vez aclarado el panorama, los que hacemos R24C entendemos necesario realizar ciertas precisiones con respecto a cómo nos ubicamos en este escenario.

La mayoría de los redactores que esta revista tiene o ha tenido poseen formación cinematográfica. Muchos intentamos llevar adelante nuestras producciones y abrirnos un camino propio en el mundo del cine nacional. Nuestra formación, mayoritariamente, tiene que ver con el IDAC (Instituto de Arte Cinematográfico de Avellaneda) lo que nos obliga a sentar una postura que se adecúe con lo que hemos pensado y manifestado a lo largo del tiempo. Una suerte de ejercicio de parresia.

Nuestra comunidad audiovisual históricamente ha construido ciertos mitos y nociones inexactas. Para empezar se instaló una idea en la década de los 90’ y los 00’ respecto a que el cine argentino solamente presentaba dos caras, una privada (la FUC) y una pública (la ENERC). En el medio de todo eso, la nada misma.

Y es cierto que no había nada, pero nunca nadie se preguntó por qué. O, mejor dicho, como llegamos a esa nada.

Esta noción tiene necesariamente ciertas consecuencias ideológicas; para empezar identificar una institución estatal por excelencia como la única capacitada para formar cineastas. Por otro lado, y con relación directa a lo primero, generar la idea que si uno no está dentro de ese esquema institucional no tiene lugar, no pertenece y por ende no merece ninguna atención.

Esto ha sido fuertemente sostenido desde la propia crítica cinematográfica, principalmente a través del AMANTE y su constante publicidad a la FUC (publicidad, por supuesto, paga). Pero también ha sido alentado desde el propio INCAA que nunca miró más allá de su política elitista centrada en la ENERC.

En definitiva el Instituto jamás puso su visión en nuestra escuela, o en la escuela de Santa Fe, o en la UBA; ni siquiera en las flamantes carreras universitarias de todo el país. Constantemente, se desentendió de su rol como Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales en materia de formación de cineastas por fuera de la ENERC.

En los 00’ con un país estallado y sin ningún tipo de resguardo institucional era entonces imposible plantear una visión disidente y competitiva. Los planes de fomento y la burocracia del INCAA tampoco hicieron nada para achicar esa brecha. Todo lo contrario, la agigantaron.

Existía entonces una institución de formación oficial, planteada como elitista, a la cual se le enseñaba al dedillo todos los pasos y métodos para poder ingresar a un sistema respecto del cual se excluía al resto. Por otro lado, la contracara, una institución privada que recogía a la burguesía nacional con el dinero suficiente para equiparse a sí misma y no necesitar del Estado. En el medio de eso, nada.

Este paradigma sólo se modificó con la llegada del digital y el abaratamiento de los costos de producción. De este modo, equipos más económicos y accesibles, con resultados técnicos similares a los que se realizan en las instituciones de élite, nos permitieron comenzar a dar una disputa, principalmente al interior de los festivales de cine.

Este abaratamiento también provocó una pulseada política, nos hicimos más visibles, empezamos a mirarnos entre nosotros también y el Estado brindó algunas respuestas. La quinta vía, los concursos digitales, la modificación de las bases de Historias Breves, son todas pujas políticas impulsadas por los marginados de la industria audiovisual.

Este escenario entendemos que no debe ser dejado de lado al momento de preguntarnos ¿Qué defendemos? Porque es imposible para nosotros sentarnos a apoyar una Institución que históricamente nos ha dicho que no servimos y que no somos nadie.

Por supuesto, está el talento en el medio y nuestras propias capacidades –o incapacidades- como realizadores. Es probable que nuestra inhabilidad para hacer películas tenga mucho que ver con lo narrado, eso desde ya. Ahora, más allá de nuestra mediocridad, la batalla -nuestra batalla- siempre ha sido desigual se mire por donde se mire.

Por lo anterior, entendemos que este escenario de lucha debe servir para hacernos nuevamente visibles; porque el otro día aquella histórica asamblea estaba compuesta en su mayoría por toda esa gente a la que tradicionalmente la industria ha ninguneado. Tanto muchos de sus oradores, como la mayoría de los que estábamos allí sentados en las butacas, somos los que hoy no podemos acceder a ningún crédito, a ningún fondo de fomento. Incluso, para la industria audiovisual, el IDAC que tanto defendemos podría haber desaparecido en 2011 sin importarle a nadie.

Nuestra defensa entonces es por la continuidad de la ENERC como una institución educativa de excelencia, pero que no debe ser la única a la que el INCAA mire. A su vez, entendemos necesaria la existencia y el sostenimiento del Fondo de Fomento tal como está conformado; pero no podemos apoyar el plan de fomento de la gestión de Alejandro Cacetta que nos deja aún más al margen de lo que ya estábamos.

En resumen, apoyamos a la ENERC, apoyamos al Fondo de Fomento para la Industria Nacional. Pero también nos manifestamos por ocupar un lugar en la discusión respecto de cómo se distribuyen los recursos para nuestro cine, y creemos que esta debe ser una oportunidad para transformar la mirada sectaria de nuestra industria cinematográfica.

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